La Diputada provincial y presidenta del bloque «Hacemos Santa Fe», Celia Arena, presentó un proyecto de comunicación en la Cámara de Diputadas y Diputados de la Provincia de Santa Fe para solicitar al Poder Ejecutivo Provincial que informe sobre las políticas públicas de prevención y abordaje de las violencias por motivos de género. Esta solicitud se enmarca en el femicidio de Analía Danila Ovando, ocurrido el 17 de julio de 2025 en la localidad de Villa Guillermina.
El objetivo de esta iniciativa es evaluar el estado de las políticas públicas de género en Santa Fe y conocer las medidas de protección que se están implementando efectivamente, los dispositivos territoriales que funcionan realmente y las estrategias de prevención y alerta temprana que se están aplicando, especialmente en zonas con alta vulnerabilidad institucional.
La legisladora explicó que «el proyecto se fundamenta en la necesidad urgente de esclarecer las circunstancias institucionales que rodearon el femicidio de Analía Danila Ovando, de 25 años, madre de una niña pequeña, asesinada el 17 de julio de 2025 en la localidad de Villa Guillermina».
Según información pública ampliamente difundida por medios de comunicación provinciales y nacionales, la víctima había realizado múltiples denuncias por violencia de género contra su expareja, Ulises Fabián Gómez, quien finalmente la degolló en el bar donde trabajaba.
«Resulta alarmante que, a pesar de la existencia de una orden de detención emitida por la Justicia de Las Toscas el día anterior al crimen, dicha medida no fue ejecutada, permitiendo que el femicida actuara con total impunidad. Esta situación expone un grave déficit en la articulación entre los poderes del Estado y en la capacidad de respuesta ante casos de riesgo extremo, en particular cuando existen antecedentes previos, amenazas y medidas de protección dictadas judicialmente», describió Arena.
La presidenta del Bloque «Hacemos Santa Fe» y ex Ministra de Igualdad, Género y Diversidad de la provincia de Santa Fe resaltó que «debe subrayarse que en el año 2022, durante la gestión del ex Ministerio de Igualdad, Género y Diversidad, se inauguró en esa misma localidad de Villa Guillermina el primer “Punto Violeta” de la provincia de Santa Fe, un espacio destinado a la atención, contención y acompañamiento de mujeres y disidencias sexuales en situación de violencia. Este hecho marca un antecedente institucional y territorial relevante, ya que las violencias atraviesan la cotidianeidad de las comunidades sin importar si es una gran ciudad o un pequeño pueblo».
En la misma linea dijo «los últimos años, en nuestra provincia, se había avanzado con infraestructura de género, claro está que, está —por sí sola— no garantiza la prevención de los femicidios si no va acompañada de políticas integrales, sostenidas, con recursos adecuados, coordinación efectiva interinstitucional y seguimiento activo de cada situación denunciada. El asesinato de Analía nos obliga a interpelar con crudeza una realidad incómoda: los femicidios no suceden solamente en grandes ciudades ni en contextos de marginalidad urbana, sino también en pequeños pueblos, en zonas rurales, donde muchas veces la víctima está más expuesta, más aislada y con menos herramientas para pedir auxilio o recibir protección oportuna. La idea de que “esto acá no pasa” es desmentida por los hechos».
El pedido de la iniciativa sostiene que el trágico suceso requiere no sólo una investigación judicial exhaustiva, sino también una evaluación profunda por parte de las autoridades provinciales sobre el estado de las políticas públicas de género en Santa Fe. Por lo tanto resulta imperioso conocer no solo el presupuesto provincial ejecutado, sino también qué medidas de protección se están implementando efectivamente, qué dispositivos territoriales funcionan realmente, y qué estrategias de prevención y alerta temprana se están aplicando, sobre todo en zonas con alta vulnerabilidad institucional.
El femicidio de Analía Ovando revela un sistema de protección frágil que dejó sin respuesta las señales alarmantes de violencia previa. “Instamos al Poder Ejecutivo a presentar un informe integral con las acciones específicas y un cronograma de mejora, garantizando un enfoque de prevención real, protección activa y presupuesto suficiente para que no vuelva a ocurrir. Todo ello en cumplimiento de las obligaciones del Estado de prevenir, sancionar y erradicar las violencias por motivos de género, tal como establece la Ley Nacional N.º 26485 y a la que nuestro provincia adhirió a través de la Ley N° 13348, con la firme convicción y el compromiso de garantizar una respuesta estatal con enfoque territorial, de derechos y con perspectiva de derechos”, finalizó Celia Arena.