En la última sesión señalamos algo básico: sin información clara y verificable no hay política de seguridad seria. La ciudadanía merece datos, no sombras.
También advertimos que la ley de emergencia en seguridad obligaba a crear una Comisión Bicameral de Seguimiento, clave para el control legislativo. Esa comisión nunca se conformó. No es un detalle: es un vacío deliberado de control democrático.
La seguridad no es un campo de disputa partidaria. Es una política de Estado que exige controles, información y cooperación entre poderes. Evitar la supervisión legislativa va exactamente en sentido contrario.
A diferencia de la emergencia en seguridad que votamos a fines de 2023, el proyecto de prórroga parcial que envió el Ejecutivo para su tratamiento en sesiones extraordinarias deja afuera la constitución de una comisión bicameral de seguimiento que brinde un adecuado control legislativo.
Este texto demuestra lo que venimos planteando desde hace meses: hubo una decisión política del PE de no constituir la comisión bicameral de seguimiento que imponía la ley original, a partir de su mayoría en el Senado. Ahora directamente la sacan de la normativa.
Sin vincularlo de manera directa, el Ejecutivo argumenta en el nuevo mensaje que no es necesaria la comisión porque «la presente prórroga parcial responde exclusivamente a la necesidad de consolidar un régimen excepcional en materia de recursos humanos, sin introducir modificaciones a su alcance originario».
El problema de este argumento es que la emergencia original establecía que «los órganos alcanzados por la presente ley que realicen adquisiciones, contrataciones, obras de infraestructura en el marco de la misma deberán enviar un informe de las gestiones realizadas y de la ejecución presupuestaria y suministrar toda la información de que dispongan a la Comisión Bicameral (…) como mínimo, cada sesenta (60) días», algo que ya sabemos que se incumplió, pero también disponía que «la Comisión Bicameral podrá solicitar cualquier tipo de información respecto de la aplicación de la presente.
En efecto, la bicameral es necesaria también con la prórroga parcial que propone el PE porque es nuestro deber legislativo requerir información concreta y precisa sobre cuáles son los criterios y fundamentos para la reincorporación de determinado personal de seguridad y también cuáles son las razones por las que se producen eventualmente desvinculaciones, como se observó en estos dos años de emergencia.
Estábamos en lo cierto cuando aseguramos en reiteradas oportunidades, y en particular en la última sesión, que había una decisión política del Ejecutivo de eludir el control legislativo en la ejecución de la emergencia en seguridad. Pero no nos importa tener razón: lo que sí nos interesa sobremanera es cumplir con el rol que nos asignó el voto popular. Como siempre lo hemos hecho, con total y absoluta responsabilidad institucional.
En la última sesión señalamos algo básico: sin información clara y verificable no hay política de seguridad seria. La ciudadanía merece datos, no sombras.
También advertimos que la ley de emergencia en seguridad obligaba a crear una Comisión Bicameral de Seguimiento, clave para el control legislativo. Esa comisión nunca se conformó. No es un detalle: es un vacío deliberado de control democrático.
La seguridad no es un campo de disputa partidaria. Es una política de Estado que exige controles, información y cooperación entre poderes. Evitar la supervisión legislativa va exactamente en sentido contrario.