La diputada provincial y presidenta del bloque “Hacemos Santa Fe”, Celia Arena junto a su par de bancada, Marcos Corach presentó un proyecto de declaración en la Cámara de Diputadas y Diputados de la Provincia de Santa Fe por el cual expresa su preocupación ante la información difundida por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en el marco del VIII Seminario sobre Economía Informal, llevado a cabo el pasado 23 de abril de 2025 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, vinculada al alto grado de informalidad en el empleo actualmente en nuestro país. La iniciativa insta a las autoridades provinciales a trabajar mancomunadamente en pos de generar políticas públicas destinadas a revertir dicha situación.
En el marco del VIII Seminario sobre Economía Informal que la Organización Internacional del Trabajo realizado días pasados en Buenos Aires, se difundió información relevante acerca de la informalidad en el empleo en nuestro país y los desafíos que esta problemática representa. Según el INDEC, “la informalidad laboral refiere al conjunto de personas ocupadas, ya sean independientes o en relación de dependencia, que desarrolla sus actividades al margen de las normas que las regulan”, afirmó Celia Arena.
¿Qué implica la informalidad laboral?
La informalidad laboral implica que quienes se encuentran en esta situación no tienen posibilidad de acceder a licencias (por enfermedad, maternidad o vacaciones), coberturas de salud, aportes jubilatorios, ni siquiera a los aumentos salariales que periódicamente se discuten en paritarias los diversos sectores de la economía. Pero no solamente es necesario visualizar a los derechos a los que hoy no pueden acceder en actividad las y los trabajadores, sino también a los derechos que, por esta situación de informalidad, no podrán acceder en la vejez, ya que el hecho de no realizar ni aportes ni contribuciones al sistema de seguridad social, afectara a su futura jubilación y sin dudas a los sistemas previsionales que se basan en la solidaridad intergeneracional.
Asimismo, desde el punto de vista económico y social, la informalidad laboral tiene otras implicancias que no afecta solo a las y los trabajadores, sino a todo el funcionamiento del sistema, como menor recaudación de impuestos para financiar servicios públicos, mayor debilidad institucional, mayor desigualdad social, pérdida de productividad y competitividad, entre otras.
En ese contexto Larraitz Lexartza, especialista en instituciones de trabajo inclusivas de la OIT Argentina destaca cinco datos clave que marcan el problema del trabajo informal en la Argentina:
1- El 42% de la población ocupada trabaja en condiciones informales, de acuerdo con los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).
2- La juventud enfrenta tasas más altas de informalidad y desempleo: para quienes tienen menos de 29 años, la tasa de empleo informal alcanza a casi 6 de cada 10 trabajadores (el 58,7%). Asimismo, la incidencia es desigual incluso dentro de ese segmento etario, ya que impacta con mayor intensidad a las mujeres jóvenes.
3- La informalidad laboral tiene mayor incidencia en algunos sectores que, históricamente, se caracterizan por tener mayores déficits de trabajo decente y dificultades para la fiscalización. Así, el sector de la confección (tanto textil como de indumentaria), tiene un 72 % de informalidad y es altamente feminizado. En cambio, la construcción es un sector masculinizado y con 76,6 % de informalidad. A su vez, en el sector del trabajo en casas particulares, también compuesto principalmente por mujeres, casi 8 de cada 10 personas tienen un trabajo informal (el 77 %).
4- Existen nuevas herramientas digitales, programas de formación y políticas públicas adaptadas que ya están mostrando resultados prometedores para reducir la informalidad. Se trata de propuestas que se basan en la generación de conocimiento, el uso de la tecnología y la innovación para impulsar la transición a la formalidad.
5- Argentina cuenta con una larga tradición de diálogo social tripartito, que permite construir consensos y políticas sostenibles para enfrentar la informalidad. “La lucha contra la informalidad requiere el compromiso coordinado del Estado, las empresas, las organizaciones de trabajadores y la sociedad en su conjunto”.
“Es sin dudas una preocupación que la OIT remarque que en nuestro país aproximadamente seis millones de personas trabajan en la informalidad, con las consecuentes problemáticas que esta situación genera y generará. No podemos ignorar y es necesario trabajar mancomunadamente en el diseño de políticas públicas que aseguren los derechos de las y los trabajadores”, sostuvo Arena.
Por lo tanto para la legisladora resulta imperioso que las autoridades provinciales diseñen estrategias, planes y programas que incentiven tanto a las y los asalariados como a empresarios/as, revisando las acciones para lograr una mayor formalidad en el empleo, convocando al concejo económico y social, a las y los legisladores, a asociaciones empresariales, y demás actores de la comunidad, con la finalidad de lograr el objetivo de disminuir la informalidad en el empleo.