La presidenta del bloque de diputados Hacemos Santa Fe, Celia Arena, presentó el lunes un proyecto de comunicación mediante el cual le pide al Poder Ejecutivo santafesino que informe “si ha evaluado declarar la emergencia provincial en materia de discapacidad, particularmente en relación al sostenimiento del sistema de transporte, y adoptar un fondo extraordinario de asistencia o actualización de aranceles para transportistas afectados por el congelamiento de tarifas y el atraso en los pagos”. La propuesta cuenta con la firma de su compañero de bloque Marcos Corach.
Además, en la iniciativa se solicita al gobierno provincial que precise “qué medidas está adoptando actualmente para garantizar el acceso al transporte de personas con discapacidad que requieren prestaciones regulares para su rehabilitación, asistencia terapéutica o atención institucional”, como así también “si se han identificado en la provincia casos de interrupción de servicios de transporte por parte de prestadores registrados ante la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) o conveniados con obras sociales, y en su caso, qué acciones de contingencia se han instrumentado”.
Asimismo, la legisladora justicialista consulta en su proyecto “qué mecanismos de articulación y control está implementando la Provincia, en el marco de sus competencias, frente a la grave situación que afecta al sistema de atención y movilidad de personas con discapacidad, en especial en lo relativo a pagos, habilitaciones y accesibilidad de las prestaciones”.
En los fundamentos del proyecto se deja en claro que “la problemática no es nueva, pero se ha profundizado de manera alarmante en los últimos meses. Los transportistas y prestadores de servicios vinculados al sistema de atención a la discapacidad han iniciado medidas de fuerza en todo el país, incluyendo la Provincia de Santa Fe, ante el congelamiento de aranceles desde diciembre de 2023, la ausencia de actualizaciones en lo que va de 2025 y los sistemáticos retrasos en los pagos de las prestaciones por parte del Estado nacional y obras sociales”.
“Las consecuencias de este desfinanciamiento son concretas y dolorosas. Instituciones de atención han debido reducir turnos o cerrar, centros de día enfrentan deudas imposibles de afrontar y transportistas deben suspender recorridos, dejar de circular o prestar un servicio intermitente con vehículos en condiciones críticas”, advierte.
En este contexto, Arena señala que “corresponde exigir al Poder Ejecutivo Provincial que adopte una postura activa y comprometida. Si bien muchas de las decisiones de financiamiento se toman en el plano nacional, la Provincia tiene la obligación de garantizar los derechos de las personas con discapacidad que habitan su territorio. Esto incluye intervenir frente a la interrupción de servicios esenciales, articular mecanismos de asistencia y control, y-si la gravedad lo justifica- declarar la emergencia provincial en el área”.
“El panorama actual es resultado directo de un modelo de ajuste impulsado por el Gobierno Nacional, que ha elegido desfinanciar las políticas públicas de discapacidad en nombre de la austeridad fiscal”, sentencia la diputada, para después aseverar que “esta combinación de desidia política y deshumanización discursiva profundiza un escenario de abandono que obliga a las provincias, como Santa Fe, a asumir mayores responsabilidades ante la parálisis del Estado nacional”.