La presidenta del bloque de diputados provinciales Hacemos Santa Fe, Celia Arena, presentó este viernes un pedido de informes para que el gobierno explique “los lineamientos, alcances y plazos de implementación del plan de capacitación y despliegue de armas de menor letalidad (pistolas Axon -ex Taser-, Byrna y similares)” y brinde “detalles acerca del procedimiento administrativo de adquisición, la selección y formación de los agentes involucrados, la supervisión de los procedimientos, el marco legal que sustentará su uso y la disponibilidad presupuestaria contemplada para llevarlo a cabo”.
En su iniciativa, la legisladora justicialista argumenta que “resulta relevante contar con las precisiones sobre la cantidad de dispositivos que se adquirirán, los criterios para su distribución geográfica y el cronograma de entrega” y señala además que “es fundamental saber si las zonas de mayor conflictividad y diversidad de entornos (urbanos, suburbanos o rurales) han sido priorizadas en la planificación, y si existe un calendario estimado para la compra y posterior puesta en servicio de estas armas”.
Con respecto a la capacitación del personal policial, Arena plantea que “es necesario conocer si se han definido claramente los contenidos teóricos y prácticos, así como la duración y la evaluación continua de los entrenamientos” y pide detalles sobre “la modalidad de selección de los efectivos que participarán en la fase inicial del plan piloto, y si se ha previsto un proceso de actualización y seguimiento a largo plazo que garantice la efectividad y corrección en el uso de estas armas intermedias”.
“El hecho de incorporar equipos como las ‘bodycams’ u otros sistemas de verificación sugiere un compromiso con la transparencia y el control, pero resulta imprescindible conocer los mecanismos concretos que se establecerán para la auditoría y la supervisión de cada procedimiento en que se empleen, evitando potenciales excesos o desvíos funcionales”, agrega.
Por otra parte, la diputada indica que “no menos relevante es la base normativa que legitima la decisión de introducir armas de menor letalidad dentro de la escala de respuesta policial, y las garantías procesales y administrativas que se habilitarán en caso de denuncia por uso indebido o excesivo de la fuerza”.
Finalmente, Arena enfatiza que “la discusión sobre los recursos presupuestarios y las previsiones financieras para el mantenimiento, la capacitación y la fiscalización de las nuevas armas es esencial para determinar la viabilidad del proyecto en el mediano y largo plazo”.